Andrés tiene razón

Hace unos días se anunció por parte del Ministro de Salud la declaratoria de interés público del Imatinib, medicamento utilizado en  el manejo de la leucemia mieloide crónica. Esta decisión significa que Novartis, su laboratorio productor, mantendrá en principio la exclusividad para comercializar dicho fármaco, pero ahora deberá hacerlo a un precio significativamente menor y que será fijado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, lo que significará una disminución significativa en los costos que asume el sistema de salud colombiano por el pago de este medicamento.

 

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Esta decisión del gobierno, utiliza por primera vez, definitivamente marca un precedente importantísimo en la salud pública de este país y se constituye en una medida legal que garantizará que los colombianos seguirán teniendo acceso a este medicamento  pero ahora a unos costos controlados y razonables para el sistema, respetándose así el derecho a la salud de los ciudadanos de este país que de manera reiterada y sistemática, históricamente ha venido siendo vulnerado.

 

Así las cosas, la medida aunque resulte ser impopular para la industria farmacéutica, era absolutamente necesaria para que el estado pudiera garantizarle el derecho a la salud a los colombianos, tal y como lo establece la Constitución y la Ley Estatutaria de Salud. En síntesis, una medida justa, aunque controversial.

 

Sin embargo, esta justicia aplicada por el ejecutivo para el tema de los medicamentos de alto costo, no pareciera ser la misma que se aplica frente al tema del no pago de una deuda de más de 6 billones de pesos a los hospitales públicos y las clínicas privadas, especialmente por parte de sus principales deudores como son los aseguradores del contributivo y del subsidiado.

 

Por eso el título de esta columna, “Andrés tiene razón”. Me refiero a lo que dijo hace sólo unos días -vía twitter- Andrés Aguirre, Gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, quien trinó este mensaje ampliamente difundido a través de dicha red social: “Una justicia que no ve sino ciertas cosas, no es justicia. En salud no sólo hay medicamentos costosos. Hay hospitales que no les pagan”.

 

Tiene toda la razón el directivo hospitalario, pues si bien es cierto que era necesario dar un timonazo desde el gobierno para fijar un precio controlado al Imatinib para preservar la sostenibilidad financiera del sistema de salud de este país, no es menos importante que el tema de la cartera con el sector prestador de servicios de salud en Colombia, es igualmente crítico y amerita urgentes soluciones profundas y no más medidas paliativas, pues por dicha circunstancia se encuentra amenazada y afectada la continuidad de la atención en salud de los ciudadanos colombianos.

 

Por eso merece especial encomio el caso puntual del hospital que dirige Andrés Aguirre, nuestro referente en esta columna, que a pesar de la crisis, al igual que otros prestadores, le siguen apostando con estoicismo a continuar cumpliendo con su objeto de atender de la mejor manera a sus pacientes. Por ello, se arriesgó a endeudarse y con la ayuda de un crédito de FINDETER, el Hospital Pablo Tobón Uribe va a duplicar duplicará su capacidad pasando de 371 camas a 682, tendrá una central de Urgencias, Hospitalización, unidad de cuidados intensivos, unidad de centros especializados y ampliación del espacio de cirugía para pacientes adultos y pediátricos, así como también tendrá helipuerto.  Pero si no le pagan sus deudores, no podrá pagar el crédito y se dañará todo su esfuerzo por seguir cumpliendo con la atención de quienes confían en la entidad para solucionar sus problemas de salud.

 

En esencia, los servicios de salud son servicios sociales, por ello esta crisis de la salud se convirtió ya en una crisis social que desbordó la capacidad de aguante financiero de las IPS pero también afectó el acceso oportuno a servicios de calidad a los ciudadanos, y por lo tanto está atentando contra el derecho a la salud de todos ellos.

 

Por eso, ya que el gobierno empezó a aplicar justicia en el caso de los medicamentos de alto costo, también deben ser justo de manera integral garantizándole a los prestadores de servicios de salud, tanto los públicos como los privados, que todos los esfuerzos que han hecho por venir financiando el sistema todos estos años, se verán prontamente recompensados y se les pague de una vez por todas, la totalidad la plata que efectivamente se les adeuda, porque como dice Andrés con toda razón: “Una justicia que no ve sino ciertas cosas, no es justicia. En salud no sólo hay medicamentos costosos. Hay hospitales que no les pagan”.

 

 

ubeltran@hotmail.com
@ulahybelpez

Blog del autor

 

* El autor es Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.

 

Publicado en OPINIÓN Y SALUD (15/06/2016)

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