Expedir más normas no significa más salud para los colombianos

La semana pasada el Presidente Juan Manuel Santos finalmente sancionó una nueva ley para el sector salud de este país, que la han denominado desde el ejecutivo como la “Ley de Fortalecimiento Institucional del Sector Salud”. Esta ley, la 1797 del 2016, ha sido presentada como el marco legal que le permitirá a Colombia tener nuevos recursos para el financiamiento del sector salud, así como nuevas herramientas para su control.

Sin embargo, quienes más estaban interesados por la sanción de esta ley no eran los pacientes, ni los profesionales de la salud. El mayor interés estaba en los gobernantes territoriales (gobernadores, alcaldes), quienes ahora con la ley podrán nombrar de manera discrecional a los gerentes de los hospitales públicos que sean de sus resortes territoriales, esto es, departamentos, municipios y distritos. De igual forma, hasta el mismo Presidente podrá ahora nombrar a quienes vayan a gerenciar  este tipo de entidades que sean del orden nacional.  Obviamente también había gran interés para la pronta sanción de la norma por parte de los gerentes que estando en calidad de encargados se les prometió que serían nombrados en propiedad por los nominadores territoriales, una vez entrera en vigencia la ley.

En resumen, con la expedición de esta ley 1797 no se seguirán realizando de ahora en adelante los tan cuestionados concursos de méritos para escoger a los gerentes de los hospitales públicos, retornando estos cargos a la burocracia que deberá ser provista por el gobernante elegido en los diferentes entes territoriales.

 

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Sin embargo, el hecho que de ahora en adelante sea esa la forma como se van a designar a estos funcionarios en los hospitales públicos, ha sido considerado por algunos actores del sistema como “una apuesta riesgosa”, como opinó Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en El Espectador, porque en algunos casos puede darse que “no se garantice la transparencia” del proceso de nombramiento del gerente.

Por su parte, dentro de la comunidad en general no fue ni es mucha la expectativa generada por la sanción de esta ley, probablemente porque no se percibe como la tan anhelada solución que desean todos los inconvenientes para la más profunda crisis de la historia vivida en el sector salud colombiano. Después de la sanción de la ley 100 de 1993 que transformó el antiguo sistema de salud en el actual sistema general de seguridad social en salud, han venido sancionándose leyes específicas para el sector como la 1122 de 2017, la 1393 de 2010, la 1438 de 2011, la 1608 del 2013 y la 1751 de 2015 que es la ley estatutaria de salud.

 

Sin embargo, ninguna de esas leyes ha permitido que en Colombia exista el goce efectivo y real del derecho a la salud. Así mismo, aunque muchas de esas normas han pretendido en teoría, además de proteger ese derecho fundamental, el mejoramiento del flujo de recursos y la liquidez del sector salud, en la práctica tampoco lo han conseguido. Tal vez por eso es que esta ley sancionada por el primer mandatario de los colombianos el pasado 13 de julio, no ha tenido el gran despliegue en los medios, pues pareciera que pudiera ser un “más de lo mismo”, lo que lógicamente genera incredulidad frente a los objetivos planteados.

En el caso puntual de los hospitales públicos, se mantiene una leve esperanza que con la ley 1797 de 2016 disminuya la gran diferencia que hoy existe entre lo que informan estas empresas sociales del estado como cartera que les deben las EPS y lo que reportan las EPS como deuda con los hospitales, según le comentó la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Olga Lucía Zuluaga a Opinión y Salud.  Según ella, las mesas de trabajo en cumplimiento de la Circular 30, norma que está vigente y es vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, no han sido exitosas “porque en ocasiones las EPS hacen glosas que no han sido reportadas, por otra parte las cuentas de las EPS no han sido subidas y por eso los valores nunca son exactos, situación que hemos denunciado en varias ocasiones a la Superintendencia…Otra gran debilidad que se genera es que no van los representantes legales o delegan para no ser sancionados por la Procuraduría, igual cuando se presentan dicen que no tienen capacidad de pago”, a tal punto que llama a la Circular 30 un “canto a la bandera”. En otras palabras, una norma que debería haber generado un importante impacto positivo en las finanzas de los hospitales públicos, ni siquiera la misma Superintendencia la ha podido hacer cumplir.

En síntesis, el poco éxito que han tenido hasta ahora las numerosas normas que se han expedido para el sector salud en Colombia, el fácil incumplimiento que hacen de ellas algunos infractores crónicos y la poca capacidad de hacerlas cumplir por parte de quien vigila y controla la operación de los actores que intervienen en el sistema, confirman una vez más que expedir más normas, en este caso una nueva ley, no significa automáticamente que habrá más salud para los colombianos ni tranquilidad financiera para los que prestan los servicios y atienden a los pacientes.

 

ubeltran@hotmail.com
@ulahybelpez

Blog del autor

 

* El autor es Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Especialista en Seguridad Social Latinoamericana. Ha sido Consejero Nacional, Departamental (Atlántico) y Distrital (Barranquilla) de Seguridad Social en Salud, miembro de juntas directivas de IPS privadas y empresas sociales del estado, Asesor en Salud de la Contraloría General de la República. Actualmente docente universitario, columnista en medios impresos y virtuales, consultor y asesor en servicios de salud.

 

Publicado en OPINIÓN Y SALUD (15/07/2016)

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