La desigual manera de informar sobre la protesta social en Colombia y Venezuela

 

 

Cuando los sistemas de gobiernos carecen de herramientas efectivas para atender las demandas sociales por medios institucionales prevalece el derecho a la protesta, un ejercicio de exigencia social para visibilizar las demandas colectivas subrayando la responsabilidad de los gobiernos en su desatención; derecho refrendado constitucionalmente tanto en Colombia y Venezuela, razón suficiente para no criminalizar la protesta.

 

No obstante, en ambos países se reprime y banaliza la protesta social; y acto seguido, la tarea judicial de condenar a sus actores ensamblando  este tipo de expresiones en diversos tipos penales. En ese sentido, no es desigual la realidad colombo-venezonala; sin embargo, son los medios de comunicación quienes enmarcan las diferencias conceptuales con sus sesgados libretos ideológicos y condicionados por sus intereses políticos y económicos.

 

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Los medios de comunicación más poderosos del país poseen dos discursos para cubrir  la protesta social, uno para Colombia y otro para Venezuela. El primero, el de los violentos, vándalos y terroristas; y el segundo, el de los opositores  indignados y oprimidos por un gobierno dictador.

 

Nos han inoculado condenar la tiranía policial en Venezuela con la que reprimen a los  manifestantes de ese país  mientras justifican las actuaciones de los robocops del ESMAD y criminalizan al manifestante colombiano alentando únicamente nuestra condena hacia el extranjero y cegándonos  frente al salvajismo local.

 

En ese mismo formato, se justifica la embestida del manifestante venezolano contra los bienes del Estado, el cual “no puede” ser capturado amén del universo de cuestionamientos y alusión de una dictadura, pero toque un colombiano la infraestructura de Transmilenio y le cae ipso facto la turba del ESMAD, los medios, gremios, el establecimiento  y el peso del sistema judicial aunado a los apelativos característicos del acervo de los medios de comunicación que no son menos que vándalos, presuntos terroristas o auxiliares de guerrilla; asimismo  para los indígenas, campesinos, camioneros, obreros y estudiantes colombianos participes de múltiples huelgas; asesinados, desaparecidos, desterrados  y apresados.

 

La falta de alimentos y medicamentos entre otros menesteres en Venezuela es vergonzosa y punible,  pero no más que la hambruna histórica de La Guajira y el Chocó, que en los últimos años en la península provocó la mortandad de más de cinco mil niños por desnutrición y que en Colombia tiene tratamiento de una noticia regular.

 

Indigna igual la muerte de hermanos venezolanos como de colombianos que luchan por sus derechos, y no hay razón para que los medios y el país silencien frente a los 120 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos en Colombia en el último año o tilden de terroristas o auxiliares de guerrilla a los campesinos, indígenas o estudiantes abatidos en el marco de las protesta social.

 

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Nos enseñaron a condenar el arresto del líder de la oposición venezolana Leopoldo López, portador del espíritu de cambio de los venezolanos, prisionero desde el 2014; pero no le contaron al país que en 2013, en el marco del Paro  Nacional Agrario en Colombia arrestaron a Húber Ballesteros, líder campesino que encarna la voz del Agro colombiano liberado  el pasado mes de enero, después de tres años cuatro meses de detención.

 

Mientras a Leopoldo López se le atribuye la autoría intelectual de cuarenta y tres muertes y más de ochocientos heridos en el marco de las protestas civiles en Venezuela, a Húber Ballestero, dirigente sindical y directivo de Fensuagro, se le vinculó como infiltrado insurgente del Paro Nacional Agrario que se llevó en treinta departamentos de Colombia y que dejó un saldo de ocho muertos y más de cuatrocientos heridos. ¡Mismas historias, distintos protagonistas!

 

En hechos recientes en Bogotá, niños y adultos en condición de discapacidad fueron reprimidos por gases lacrimógenos del ESMAD, pero ocurrió en Colombia, razón por la que quizás no pasó de ser una noticia con la connotación de farándula, imagínense el cubrimiento de RCN y NTN24 de haber ocurrido tamaña crueldad en Venezuela.

 

Por otra parte, la desnaturalización de la protesta social en Colombia va más allá, el nuevo Código de Policía tiene todo un apartado en el capítulo IV que regula y limita el derecho de manifestarse en espacio público, obligando a la ciudadanía a solicitar permiso cuarenta y ocho horas previas a la protesta, solicitud sujeta a la aprobación de la  autoridad so pena de ser disuelta por la Policía y si se quiere, ser reprimida por los llamados escuadrones de la muerte del ESMAD; lo que valió la demanda de varios apartes del Código ante la Corte Constitucional quien recientemente se pronunció otorgando dos años al Congreso para legislar y tramitar una Ley Estatutaria que regule el derecho a la protesta en espacio público, vulnerando el derecho a la protesta de manera espontánea  que inspiró la Constitución del 91. ¡En Venezuela sería todo un escándalo mundial!

 

No podemos ser lúcidos para dictaminar con rigor la criminalización de la protesta social en el extranjero y ser miopes y oblicuos para observar la interna. Un medio sensato, justo y objetivo no debería cambiarse el lente para observar dos situaciones de aparente mayor similitud que discrepancias, que lo haga dice mucho de la calidad del periodismo que ejerce.

 

“Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”. (Tomado de un pasaje bíblico)

 

@soyjuanctorres

 

*Las imágenes utilizadas en este artículo fueron capturadas de las redes sociales y portal web del Canal RCN por el autor.

 

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