30 años de alcaldes populares y los retos de Barranquilla (III)

 

 

 

Resumo entonces: Barranquilla padeció, entre 1960 y 1992, 32 años de desgobierno liberal-conservador, y ese colapso, de manera particular y dramática, se hizo doloroso e insostenible en los servicios públicos a cargo de las EPM y la EMT. Esas entidades, tan fundamentales para la productividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos, se convirtieron en reductos del burocratismo, del robo y de la ineptitud. Hay que abonarle, sin embargo, al gobierno de Bolívar Acuña la creación, vía Concejo, de la Triple A. Fue una decisión, por lo demás, obligada e inevitable. No había forma de esquivar la presión ciudadana, de la prensa, de los gremios económicos y del gobierno nacional. Navarro Wolf, entonces ministro de salud del presidente César Gaviria, fue vital en el proceso de liquidación de las EPM y de constitución de la Triple A.

 

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A los malos servicios de las EPM, se añadían los trastornos del servicio telefónico. Una llamada era una tortuosa experiencia: los aparatos tardaban largo rato para dar tono y la solución definitiva solo vino a proveerla el desarrollo tecnológico cuando nos llegó la telefonía celular a mediados de los años 90. Este hecho ayudó, sin duda, a acelerar la liquidación de la entonces Empresa Distrital de Telecomunicaciones, EDT. Y Metrotel se mantiene hoy no tanto por el mercado de líneas fijas, sino por los variados servicios de Internet que presta.

De modo que yo situaría el proceso de reactivación de Barranquilla desde 1992 cuando la ciudad elige a Hoyos Montoya. La primera muestra de tal reactivación fue el mejoramiento de los servicios de la Triple A.


Llevar el acueducto y el alcantarillado a la ciudad marginal - subterránea la llamé en una crónica - fue la señal de que empezábamos a dejar atrás esa tragedia humana. Y a medida que fuimos resolviéndola, Barranquilla pudo empezar a plantearse otras aplazadas tareas.

 

Por ejemplo, la renovación del Distrito Central, inspirada en el Plan de la Misión Japonesa, en la que han trabajado, con distintos niveles de avances, varias administraciones sin que este macroproyecto se haya podido dar por concluido, pues aún hay retos enormes como la recuperación integral del espacio público que implica reubicar las ventas estacionarias, la restauración de las viejas arquitecturas de la zona, la peatonalización de algunos sectores y la restricción de la circulación de buses.
 

El transporte público masivo, que ya estaba planteado en el Plan de la Misión Japonesa, solo emerge en la agenda distrital en 2001 en la alcaldía de Caiafa Rivas. Se constituye la empresa Transmetro y se inician los estudios de factibilidad, pero las obras comenzaron en 2005 en la alcaldía de Hoenigsberg Bornacelly y la inauguración, un poco simbólica, se realizó el 7 de abril de 2010 en la primera alcaldía de Char Chaljub. Debe enfatizarse que comenzando los años 90 era imposible emprender este proyecto. Agua y alcantarillado eran la prioridad.


Ahora: como el transporte público masivo es el eje ordenador de toda ciudad, cabría preguntarse si antes o de manera simultánea debió abordarse la canalización de los arroyos, tema sobre el cual, recuerdo, hubo algunas exploraciones en la alcaldía de George González.

 

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Los dilemas acerca de que debió ser primero confirman la percepción de algunos dirigentes de Barranquilla en el sentido de que el desarrollo de la ciudad - a partir de la resolución de la crisis de los servicios públicos - ha sido por instinto, sin un ordenamiento claro de las prioridades. Con el agravante de que las finanzas distritales tampoco han permitido trabajar varios megaproyectos al tiempo y a gran velocidad.
 

Recordemos que las obras del Transmetro no alcanzaron a ser de las dimensiones anheladas porque estábamos bajo el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, al que nos acogimos durante la administración de Caiafa Rivas para atender la deuda que dispararon las administraciones de Hoyos Montoya y George González, sobre todo la segunda del primero, en la que, además, ocurrió un festín de concesiones, entre ellas la de la administración de los impuestos.

 

 

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