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Hacinamiento carcelario en Colombia es del 149%: Defensoría

26/10/2018

 

 


El proceso de resocialización y el hacinamiento son tan solo dos de los problemas que padecen las 119.000 personas que permanecen privadas de la libertad en el territorio nacional. Así lo anunciaron entidades del Gobierno durante la audiencia pública ‘Seguimiento al Estado de Elementos Inconstitucional en Materia Penitenciaria y Carcelaria’, que se llevó a cabo en la Corte Constitucional durante este jueves.

 

En medio de la audiencia, que tardó ocho horas, la defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo Silva, aseguró que el análisis del órgano defensor ha constatado que el avance de la infraestructura carcelaria requiere de partir del estado actual el índice de hacinamiento, por lo que consideró que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista la sobrepoblación carcelaria”.

 

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Según las cuentas de la Defensoría, el sistema carcelario y penitenciario cuenta con una capacidad para 80.203 personas, sin embargo, a la fecha existe una población de 119.842 personas, lo que equivale a una sobrepoblación de 39.639 personas, es decir un hacinamiento general de un 149,42 %.

 

“De los 113 establecimientos de reclusión que tiene a su cargo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), 102 padecen hacinamiento grave, quiere decir que los niveles de hacinamientos son superiores al 20% de su capacidad real”, dijo la funcionaria.

 

Robledo Silva reconoció que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), ha realizado esfuerzos en habilitar nuevos cupos para las cárceles, sin embargo, consideró que esa no puede ser la estrategia principal para disminuir la sobrepoblación carcelaria.

 

El informe del órgano defensor también reveló que “en enero de este año habían 115.861 personas privadas de la libertad, a octubre hay 119.979, lo que quiere decir que aunque se amplíen los cupos, si la tendencia legislativa en el país continua siendo aumentar las penas y criminalizar nuevas conductas el impacto va a seguir siendo negativo”.

 

Expuestos todos los argumentos, la defensora anunció que para evitar que se vulneren los derechos a las personas privadas de la libertad, se debe fomentar un política criminal integral y la misma debe ser coherente con las necesidades, de lo contrario, a juicio de la defensora, es imposible disminuir el hacinamiento.

 

En razón a la resocialización, Robledo Silva consideró que el acceso a dichos programas es restringido debido a la falta de inversión del Estado.

 

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A la iniciativa de fomentar una política criminal se unió el procurador delegado para los Derechos Humanos, Carlos Medina, quien aseguró que además de tal acción es necesario generar un “escenario ideal en el que la totalidad de los establecimientos penitenciarios opere sin restricciones”, además consideró que debe existir una ampliación de los cupos en las cárceles y hacer “uso racional” de la detención preventiva.

 

Frente al Inpec, Medina consideró que si bien se conocen los diagnósticos buenos y malos de la entidad, a su juicio, está lejos de “cumplir con sus funciones de resocialización (...) no da para más en términos a que no puede adoptar la posibilidad de generar unos escenarios de transformación rápida”.

 

A las acusaciones hechas por las dos entidades gubernamentales en razón a los procesos de resocialización en los centros carcelarios, el general Jorge Ramírez, director del Inpec, aseguró que se vienen adelantando acciones para fomentar la prevención del consumo de drogadicción, también acciones que vinculan a los presos con labores de cultura y deporte, además de mecanismos de estudio dentro de los centros.

 

“Se han adelantado acciones terapéuticas que desde 2016 hasta 2018, al menos 62.111 personas, se han visto beneficiados por la fundación que está por fuera de las cárceles y que además adecuamos algunas salas dentro de los centros de reclusión para atender personal”, dijo el oficial.

 

En cuanto a la educación, el general aseguró que hasta la fecha más de 100.000 personas privadas de la libertad han recibido este servicio en los centros de reclusión. “La educación en las cárceles es especial, tenemos población de todas las edades, inclusive personas que no saben leer, ni escribir”.

 

Sobre los procesos que adelantan de cultura y deporte, el director del Inpec anunció que durante lo corrido del año al menos 50.000 presos han participado de tales iniciativas.

 

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Por último, aseguró que se adelantan labores de teletrabajo, de los cuales desde el año 2016, 130 personas se han visto beneficiadas con tales labores que se desarrollan en Tunja, Bogotá y San Andrés. “Tenemos 2300 guardianes que apoyan las revisiones para el cumplimiento de la justicia”, dijo.

 

Por otro lado, Matilde Mendieta Galindo, directora de la Uspec, consideró que en cuestión de infraestructura durante 2017 se abrieron 1424 cupos nuevos y rehabilitó 408 cupos en centros carcelarios ubicados en Medellín, Tuluá y el Espinal, mientras que en lo corrido del año se entregaron 576 nuevos cupos.

 

La funcionaria aseguró que es necesario implementar “acciones novedosas” para el hacinamiento, en razón a que hasta la fecha existen 16.000 personas sindicadas que llevan en la cárcel entre cero y cinco meses.

 

“Ofrecer la instalación de ciudadelas móviles que cumplan las especificaciones que se requieren y que nos ayuden a eliminar el hacinamiento. Por eso encontramos que podemos ofrecer 2424 cupos nuevos para el año 2019, y podemos ofrecer 1440 cupos en construcción de estructura modular”, aseguró.

 

Lo que llamó la atención de los asistentes a la audiencia, es que en medio de su intervención la directora de la entidad anunció que en los recursos que son destinados para la USPEC para el próximo año se registra una reducción de un 13 %. Sin embargo, desde su administración lo que pretenden es avanzar con cupos en diferentes partes del país.

 

“La solución también pasa por la asignación de recursos que incluidos proyectos de diseños dejaríamos listos para la próxima administración, en Medellín 520 cupos, además dejamos cupos en Popayán, Neiva, Itagüí, Puerto Triunfo, Barranquilla y Barrancabermeja, que sumarían 11.300 cupos listos para mitigar el problema de hacinamiento y que tienen un valor similar a los 1,8 billones de pesos que requerimos sean asignados”, dijo la directora.

 

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Al termino de las intervenciones se sumó el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que debido al hacinamiento no se han ejecutado 35.000 órdenes de captura. Adujó que desde las otras entidades no pueden aconsejar que desde la Fiscalía cese la persecución penal contra las personas que incurran en algún delito. Entre su estadísticas señaló que de las 119.000 personas que permanecen recluidas, más de 50.000 han sido condenadas por hurto y tráfico de estupefacientes.

 

A su turno, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que desde el mandato de Iván Duque se mantienen acciones que pretenden generar una política integral pública que permitan erradicar el hacinamiento de los centros asistenciales. COLPRENSA

 

 

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