Las patentes podrían ser una barrera para conseguir vacuna contra la COVID-19

31/07/2020

 

 


Ante el avance de países e instituciones en la búsqueda diferentes tipos de vacunas para el COVID-19, expertos cuestionan la capacidad de producción, y especialmente el acceso que tendría la población a estas.

“En caso de declararse como bien público, posiblemente se incluiría dentro de los planes de vacunación del Gobierno; aquí otra pregunta es a qué precio y qué impacto tendría sobre el presupuesto del país en salud”, afirma la profesora Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

 

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El monopolio que representa una patente se refleja en que el dueño controla todos los aspectos relevantes frente a esta propiedad, es decir la producción, comercialización, distribución, importación y exportación, entre otras, incluida la modalidad en la cual un tercero –previamente autorizado– determine para esas actividades; esto, en medio de una pandemia, tiene unos altos costos de negociación contrarreloj.

 

El Centro de Pensamiento hizo una serie de recomendaciones que aspira lleguen a la opinión pública y a todas las instancias del Gobierno. A estas se han sumado los cinco puntos planteados por la organización Médicos sin Fronteras, además de la petición de declarar vacunas y medicamentos como bienes públicos y estar abiertos a la creación local de la mano de Gobiernos como el brasilero o el mexicano.

 

Sin embargo, “la información en general no ha sido transparente por parte de la industria, los mecanismos de negociación del Gobierno tampoco son claros”, destaca la farmacoepidemióloga.

 

En Colombia existe un amplio plan de vacunación para cubrir con recursos públicos un esquema completo desde el Estado, para que los ciudadanos no tengan que pagarlo de su bolsillo. Según el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en el país se garantiza el acceso gratuito a 21 vacunas para el control de 26 enfermedades en la población.

 

Peticiones transnacionales

 

Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, movimientos globales institucionales y de coalición de Gobiernos han abogado por que el acceso a los medicamentos, vacunas y tecnologías en torno al COVID-19 sean abiertos, bienes públicos para toda la humanidad.

 

La mayoría de los desarrollos más avanzados en cuanto a la vacuna tienen respaldo financiero público; la otorgación de patentes, además de generar monopolios, desconocerían el aporte del erario ciudadano y el capital humano que participa en los procesos.

 

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Tipos de vacunas

 

Según información recopilada y clasificada por el Centro de Pensamiento, en el seguimiento continuo a la actual contingencia sanitaria se han identificado especialmente seis tipos de vacunas en más de 160 proyectos internacionales.

 

En primer lugar está la vacuna de virus atenuados, que funciona como una versión debilitada del virus real; en este trabajan, entre otros, la organización Indian Immunologicals Limited (IIL), que cuenta con colaboración de la Griffith University of Australia.

 

En segundo, la vacuna de virus activado, la cual usa el virus completo después de inactivarlo con calor o sustancias químicas; esta se encuentra en pruebas, entre otros, por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín y el Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de China de Ciencias Médicas, las cuales reciben financiación pública.

 

Otro tipo es el de vector viral, el cual toma un virus inofensivo y lo utiliza para llevar genes virales y construir inmunidad; en este modelo participan –sin afirmar que sea de manera conjunta– la Universidad de Oxford y AstraZeneca, Johnson y Johnson y el Instituto Pasteur y Themis, entre otros. Este modelo recibe financiación pública especialmente de Estados Unidos y Canadá.

 

El tipo ADN y ARN usan estos ácidos nucleicos para enseñar al sistema inmune a atacar las proteínas virales clave; en esta trabajan parte del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, BioNTech, Pfizer y Fosum Pharma, de Alemania e Inovio, entre otras instituciones con el respaldo público de Estados Unidos y el Centro Nacional de Biotecnología de España.

 

A partir de partículas similares al virus, se inyectan en el cuerpo virus vacíos sin material genético, incapaces de infectar con el fin de desarrollar otro tipo de vacuna. En esta metodología trabajan la Universidad de Sao Paulo y Medicago, la cual recibe fondos del Gobierno de Quebec, Canadá.

 

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Finalmente, en este espectro de vacunas se encuentra el modelo de Subunidad, el cual utiliza parte de la superficie del virus para enfocar el sistema inmune en un solo objeto. Alrededor de esto trabajan Novavax, AdaptVac, Sanofi Pasteur y GSK, quienes han sido financiados a través de programas y agencias de Estados Unidos y la Unión Europea.

 

Bajo este panorama se destaca la importancia de la participación de entidades públicas en la consecución de una vacuna para tratar el COVID-19. “Si se declara la vacuna como patente y quien define el precio es laboratorio fabricante, podría tener como prioridad sus ganancias financieras y tendrían que pagarse precios muchos más altos que si se declarara bien público”, concluye la profesora Vaca. AGENCIA UN

 

 

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